El 3 y 10 de noviembre de 2011, fueron presentados los Proyectos de Ley 468 y 514-2011-CR, respectivamente, mediante los cuales se propone eliminar el régimen de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en las entidades estatales e incorporar a todos los trabajadores bajo ese régimen a las planillas del Estado.
Como la gran mayoría de proyectos de ley, los analizados tienen muy buenas intenciones. Pretenden otorgar más beneficios laborales a la gran cantidad de trabajadores estatales (90 000 aproximadamente) bajo el régimen CAS, asimilándolos a los que se encuentran en planilla. Sin embargo, es necesario verificar los costos que traen consigo las buenas intenciones.
Todos los trabajadores estatales representan un costo para el Estado y para nosotros. En efecto, el pago de sus salarios y de sus beneficios es realizado sobre la base de los ingresos de los presupuestos de las entidades estatales, los cuales se forman en casi todos los casos de los impuestos que los contribuyentes aportan al fisco. Considerando ello, debe evaluarse cuál es la forma más eficiente para que las entidades estatales puedan cumplir con sus funciones, mediante sus trabajadores, al menor costo posible para la sociedad.
Lamentablemente, tener trabajadores en planilla es muy costoso para el Estado debido a la regulación a la que están sometidos y a los beneficios que se les otorgan. Es ante dicha situación que surgió la figura de los trabajadores bajo el régimen CAS como una alternativa práctica para que las entidades estatales pudieran cumplir sus funciones sin recurrir a la figura de la planilla, lo que hubiera ocasionado una crisis presupuestal generalizada.
Si bien podría parecer muy positivo que todos los trabajadores estatales se encuentren en planilla, resulta necesario que existan otros regímenes que permitan otorgarle mayor flexibilidad a la gestión estatal, con la finalidad de que sus servicios puedan brindarse correctamente y de manera continua.
Lo que debe buscarse es la convivencia armoniosa entre los puestos en planilla y bajo el régimen CAS para lograr así un equilibrio entre seguridad, responsabilidad y dinamismo con la finalidad de atender cabalmente las demandas sociales y ejercer funciones públicas de manera eficiente respetando el marco legal establecido.
Resulta necesario establecer medidas que eviten el uso excesivo y desorganizado de los trabajadores bajo el régimen CAS y además, proponer pautas para la creación de puestos de planilla sobre la base de las reales necesidades de las instituciones estatales, tomando en cuenta criterios técnicos y objetivos, haciendo un balance claro entre los costos y beneficios de incorporar mayores trabajadores a la planilla del Estado.
Otro dato a resaltar, en alusión a lo recientemente indicado, es que de la revisión de los análisis costo beneficio de los proyectos de ley comentados se aprecia que no han realizado una evaluación de los aspectos positivos y negativos de sus propuestas, puesto que indican que “no generan gastos al Estado”, cuando resulta evidente que trasladar a los trabajadores bajo el régimen CAS a las planillas estatales representa un gasto enorme para el Estado y para todos nosotros, el cual se ha calculado en dos mil ochocientos millones de nuevos soles.
Las grandes preguntas que nos surgen ante este dato son: ¿de dónde sacará el Estado el dinero necesario para financiar las propuestas analizadas? ¿Estamos dispuestos a pagar dicha cantidad con mayores impuestos? Sería mejor analizar nuevamente su viabilidad y evaluar medidas alternativas que puedan mejorar la calidad del empleo público sin afectar al correcto y oportuno ejercicio de las funciones estatales y a nuestros bolsillos.
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